Asociación de Funcionarios del INDH: “Está en juego la defensa de la democracia”

Lo que el Ejecutivo nombra como una reformulación al Instituto Nacional de Derechos Humanos en el proyecto de ley que ingresó con suma urgencia el 19 de octubre, es un desmantelamiento de sus facultades para la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, la Coordinación de Derechos Humanos de La Araucanía y el mismo INDH. Una amenaza al funcionamiento del principal organismo institucional encargado de fiscalizar en Chile la acción del Estado para proteger los derechos de sus habitantes.

“Todos los días concurren personas a la sede regional para solicitar que el Estado corrija ciertas acciones. Esa es nuestra función, poder asistir a toda la institucionalidad pública y señalar cuando hay una afectación a los derechos humanos”, señaló Soledad Molinet Huechucura, Jefa Regional Subrogante de la Sede INDH Araucanía. En el punto de prensa que este viernes 23 de octubre convocó, en Temuco, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) junto a la Coordinación de Organizaciones de Derechos Humanos de La Araucanía.

En los once años de la sede INDH Araucanía, se han interpuesto distintas acciones que protegen derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Solo este año, realizaron acciones judiciales en torno al derecho a la salud y medicamentos de alto costo; en favor de que las personas que viven en sectores alejados de la ciudad tengan agua potable en cantidad y calidad suficiente acorde a tratados internacionales, y han trabajado en contra del cierre de escuelas públicas en zonas rurales, entre otras diligencias.

Pese a lo que sectores oficialistas indican, “nuestra institución no tiene un ánimo contrario a la función policial, tanto de Carabineros como de la PDI. Incluso tenemos casos que afectan a funcionarios de la Policía de Investigaciones, de Carabineros, de Gendarmería, cuando han sido violados sus derechos humanos”, señaló Molinet. 

Sandra Marín Cheuquelaf, Presidenta Regional de ANEF Araucanía, abrió la rueda de prensa señalando “es lamentable que nos convoque otro retroceso, otra intención de eliminar la función pública que, en este caso, es el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Nos están negando la defensa de nuestros derechos con la intención de eliminar programas, equipos regionales. Este es un Instituto autónomo y con esto iría perdiendo su autonomía».

Una declaración pública emitida por la Coordinación de Organizaciones de Derechos Humanos de la Araucanía, advierte la gravedad de este proyecto de ley (Mensaje N° 174-374) que busca eliminar de manera absoluta la facultad del INDH para querellarse, impidiendo presentar acciones judiciales, además de despedir en un 70% a los y las abogadas que enfrentan estas causas; reducir en un 50% los y las funcionarias en regiones, centralizando sus funciones. Además de reducir de once a cinco integrantes el Consejo Directivo y crear una Dirección Ejecutiva ajena a la naturaleza del organismo, imponiendo una lógica de Alta Dirección Pública de carácter gerencial.

Acciones que, según explica Molinet, contradicen los Principios de París, que son las reglas con las que deben cumplir todas las instituciones de Derechos Humanos en el mundo y que este proyecto de ley dice respetar, pese a proponer medidas que atentan contra el principio de autonomía: “el Consejo estaría compuesto por el Ejecutivo y esto no puede ser. El Principio de París dice que las instituciones deben ser autónomas, plurales e independientes, para poder fiscalizar el rol de todos los agentes del Estado”.

Junto a esto, el Principio de París señala que las instituciones deben tener las más altas facultades para poder defender los derechos de las personas: “Las querellas ya están establecidas. Si se quita, se atenta contra el principio de no regresión, y hacer regresivos los derechos que ya existen en la sociedad son constitutivos de sanciones en el Sistema Internacional de Derechos Humanos”, advirtió Molinet.

En cuanto a la dotación de personal, en la sede Araucanía trabajan trece personas, siendo de las más grandes junto con la región Metropolitana y Valparaíso. En Aysén o Punta Arenas, hay solo cinco funcionarios. “Entonces reducir el 50% son dos funcionarios o funcionarias en territorios alejados. Este proyecto no significa cerrar una institución solamente, significa que todas las personas en Chile quedarían desprotegidas frente a los tres poderes del Estado”.

Angélica Gutierrez, representante de la Asociación de Funcionarios del INDH, señaló: «Hacemos un llamado a la unidad, indistintamente del color político, lo que nos une es la defensa de los Derechos Humanos de todas las personas que habitan el territorio nacional. Lo que está en juego es la defensa de la democracia».

Organizaciones de Derechos Humanos en alerta

Ante la regresión de derechos que se ha tomado la agenda política en la actual administración, este año se formó la Coordinación de Organizaciones de Derechos Humanos de La Araucanía, compuesta por una decena de organizaciones sociales, presentes en esta conferencia de prensa a las afueras de la Delegación Presidencial en el centro de Temuco.

En representación de esta colectividad, la investigadora y defensora medioambiental Alejandra Parra, recordó la transversalidad de estas urgencias: “Pensar que desmantelar una Institución que protege los Derechos Humanos es algo positivo para algún sector de la ciudadanía es algo completamente equivocado y deja a Chile como un país que retrocedió a la época de la dictadura militar, donde la defensa de los Derechos Humanos era catalogado como algo negativo para el país”, señaló.

También se hizo presente don Víctor Maturana, quien lleva más de 35 años como activista de Derechos Humanos tras ser encarcelado por la dictadura en Chile. Con su saber acumulado, puntualizó que “la validez de los Derechos Humanos está siempre vigente, en todo momento y lugar, bajo cualquier circunstancia. Cobra más vigencia cuando las sociedades enfrentan situaciones traumáticas como las que nosotros vivimos como sociedad desde 1973 hasta marzo de 1990”.

Enfatizando que “es la extrema derecha la que está instalada en el Gobierno, y con esa concepción y práctica, con el discurso negacionista, con el discurso de reescribir la historia y restarle valor a los Derechos Humanos, nos corresponde como sociedad en general, y en particular a quienes actuamos en el campo de los derechos humanos, estar muy atentos, vigilantes y activos, para denunciar y enfrentar esta situación e impedir que los objetivos de la ultraderecha se consumen y hagan tabla rasa de los derechos humanos en Chile».

En la misma línea, Edith Guajardo de la organización de las disidencias sexo genéricas, Diversidad Aquí y en la Quebrá del Ají, valoró la existencia del INDH como un contrapeso de aquellas violaciones que ejercen las diferentes instancias administrativas del Estado. “Debiera ser una institucionalidad que crece en la medida en que nos encontramos en una administración del Estado que tiende a ejercer muchas más instancias represivas en torno a un pueblo que se moviliza en contra de los recortes, en contra del abuso, y hoy en particular, en contra de infamias como la liberación de violadores y abusadores de niños y niñas», haciendo referencia al indulto que el Gobierno de Kast otorgó a 56 violadores y abusadores de menores en Chile.

María del Pilar Espinoza, mujer colombiana y habitante del sur de Chile, asistió en representación de las agrupaciones Colombianos por Siempre y Trama, Tejido Migrante. “El INDH ha permitido que nuestros compatriotas y personas migradas puedan tener la oportunidad de defenderse ante injusticias. Tener acceso a un abogado, reconocer cuáles son sus derechos, porque migrar es un derecho internacional. Cuando atacan a un migrante también hay derechos, aunque no haya un RUT como lo quieren hacer ver”.

El enfoque de María del Pilar no atiende solamente la lucha de las personas migradas: “estamos hablando de que nuestros hijos son chilenos, pertenecen al Wallmapu también, nuestros hijos están creciendo en nuestra sociedad y les queremos dar una sociedad con derechos. El INDH es transversal a todos los ciudadanos y ciudadanas. Invitamos a no permitir ni un paso atrás”.

La Asociación de Funcionarias y Funcionarios del INDH y la Asociación Nacional de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos hacen “un llamado imperativo al Congreso Nacional a rechazar este proyecto. También a las y los trabajadores a oponerse a retrocesos institucionales disfrazados de progreso”.

Desde el Centro de Investigación y Defensa Sur, organización que integra la Coordinación de Organizaciones de DD.HH, señalaron: “exigimos el respeto de los estándares internacionales en cuanto a la institucionalidad defensora de los derechos fundamentales entendiéndose cómo piso mínimo para una convivencia democrática y hacemos un llamado al gobierno a retirar su reforma”.