Las desigualdades que deja la revuelta social en Chile: judicialización y condena hacia agentes del Estado y personas particulares

Esta publicación surge de un análisis del Informe Estadístico Del Estallido Social en Chile de la Fiscalía Nacional, 2025. Donde contrastamos los casos investigados en el contexto del estallido social en Chile desde el 18 de octubre hasta el 31 de marzo de 2020.

Créditos fotografías: Carlos Valverde.

A partir de las cifras oficiales sobre investigaciones criminales iniciadas desde el 18 de octubre de 2019, es posible evidenciar que, sobre un universo de 32.901 causas vinculadas a ese período, 11.506 corresponden a causas vinculadas a violencia institucional, esto es, más de un tercio del total. Entendemos como casos vinculados a violencia institucional cuando los acusados son funcionarios policiales y militares.

Sin embargo, del total de casos de violencia institucional ingresados por la Fiscalía Nacional, solo se logró identificar al presunto responsable en un 6,7% del total, correspondientes a 958 casos, de los cuales únicamente en 219 casos culminaron en sentencia condenatoria. El bajísimo número de condenas constituye la aplicación de una sanción criminal en apenas un 1,9% de las investigaciones penales iniciadas a propósito de delitos cometidos por funcionarios públicos en contra de personas civiles y manifestantes.

El informe sostiene que el estado de las investigaciones de este tipo, en su gran mayoría están concluídas (Informe Estadístico Estallido Social. Fiscalía de Chile, 2025). De ellas, sólo un 4% de estos casos tuvo una salida judicial, un 26% una salida en otros términos y un 70% tuvo una salida no judicial.

Casos de CIDSUR

El Centro de Investigación y Defensa Sur, CIDSUR, ha llevado adelante siete investigaciones, de ellas, en cuatro casos se ha logrado llevar a juicio a 13 agentes del Estado. En tres de ellos la investigación penal sigue vigente, sin embargo hasta la fecha no se ha obtenido indicios de participación de algún imputado conocido.

Las causas sin imputado conocido son investigaciones llevadas a cabo por la fiscalía Local de Temuco, en causas relacionadas con las víctimas de lesión ocular L.A.F., C.R.S. y N.M.S. Respecto de las causas judicializadas, se obtuvo una sentencia condenatoria en cuatro casos llevados en contra de cuatro funcionarios de Carabineros y nueve funcionarios del Ejército de Chile.

No obstante, en todos estos procesos se aplicaron penas desproporcionadamente bajas en relación a los delitos cometidos, en particular, sobre el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones gravísimas donde las víctimas resultaron con la mutilación de alguno de sus globos oculares.

Cabe señalar que el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones gravísimas (casos de mutilación ocular) se encuentra descrito y sancionado en el artículo 150 F en relación con el artículo 150 D del Código Penal, que tiene asignada una pena de presidio mayor en su grado medio, esto es, de 10 años y un día a 15 años.

Pese a ello, en los casos tramitados en la región de la Araucanía, a ningún agente del Estado condenado por tales delitos se le ha impuesto una pena superior a los 5 años, lo que ha permitido otorgarles una pena sustitutiva de libertad vigilada.

Delitos cometidos por personas particulares

Una situación diametralmente distinta observamos al analizar las investigaciones criminales iniciadas a propósito de delitos cometidos por particulares, civiles o manifestantes, correspondientes a los delitos de maltrato de obra a carabineros, incendios, delitos contra la propiedad, saqueos y desórdenes públicos. El informe de la Fiscalía Nacional permite observar las diferencias en las tasas de judicialización y condena en comparación con los delitos por particulares (civiles) y los que son cometidos por agentes del Estado.

Así, los delitos de maltrato contra agentes del estado se contabilizan 3.142 causas y 3.293 delitos, de ellos 616 tienen sentencia condenatoria, es decir, del total de casos en un 19% hubo una sentencia condenatoria.

Respecto a los delitos de incendio se registraron 703 causas y 732 delitos en las que se dictaron un total de 126 condenas.

En tanto, los delitos contra la propiedad y saqueos, se registraron 10.627 causas y 11.156 delitos. Luego de los procesos de investigación se logró la dictación de 2.940 condenas.

Finalmente, en los delitos por desórdenes públicos, se registraron 7.717 causas y 7.965 delitos, donde hubo 2.806 sentencias condenatorias elevándose el porcentaje de sentencias condenatorias a un 26% del total de casos iniciados. 

De igual forma, de acuerdo al informe de Fiscalía Nacional, este tipo de delitos tuvo mayor eficacia investigativa pues se logró identificar a 11.456 imputados.

La observación de estas cifras, nos muestra un patrón consistente: frente a los delitos atribuidos a civiles o manifestantes, la persecución penal alcanza elevados niveles de judicialización y condena, muy superiores a los cometidos por funcionarios policiales y militares. Esto evidencia una persecución penal desigual entre agentes del Estado y personas particulares.

Llama la atención el contraste con las causas por violencia institucional que no radica únicamente en la cantidad de investigaciones iniciadas, sino la diferencia que existe en la eficacia de la persecución penal una vez individualizados los responsables. En las causas de violencia institucional es donde existe el mayor número de casos donde no se ha logrado identificar al responsable.

“Es decir, que estos más de 11 mil casos (de violencia institucional) que se iniciaron: 219 condenas, de esas 219 condenas un bajísimo número con una pena efectiva y actualmente se encuentran en evaluación por parte del Gobierno, si aplicar o no un indulto. En este sentido, entendemos que los grados de impunidad que han beneficiado a los funcionarios policiales se enmarca en una grave vulneración a los derechos de los ciudadanos, en el sentido de no respetar las garantías de no repetición toda vez que en un futuro, ojalá nunca ocurra, que sucediera algo como lo que ocurrió en octubre del año 2019, las posibilidades de Carabineros de cometer nuevamente este tipo de delitos y no ser sancionados, son excesivamente altas lo que implica claramente un peligro para la democracia y un peligro para los derechos de todos nosotros”. Sebastián Saavedra, abogado del Centro de Investigación y Defensa Sur.

Fuente: INFORME ESTADÍSTICO DEL ESTALLIDO SOCIAL. FISCALÍA NACIONAL, 2025.