Dos nuevas querellas contra Luis Hermosilla: tráfico de influencias, cohecho y obstrucción a la justicia en caso Luchsinger Mackay

Terminando agosto, el abogado Luis Hermosilla fue notificado por el 7º Juzgado de Garantía de Santiago de dos querellas en su contra que fueron declaradas admisibles. La primera presentada por José Tralcal Coche y su abogada Karina Riquelme y la segunda presentada por Luis Tralcal Quidel y su abogado Sebastián Saavedra, para investigar su responsabilidad en delitos que impidieron un debido proceso en este mediatizado caso.

“Necesitamos que se rechace la nulidad del caso Luchsinger”, escribió por chat el abogado Luis Hermosilla, entonces asesor del Ministerio del Interior del Gobierno de Piñera al también abogado y asesor de la cartera José Ramón Correa, actual accionista de Azul Azul. Hermosilla consultó explícitamente por “amigos” en la sala penal que revisaba el recurso de nulidad interpuesto por Luis y José Tralcal, declarados culpables en el caso Luchsinger Mackay, argumentando que “un cuarto juicio sería fatal”. Estos chats revelados por el medio Reportea en junio del 2026, dieron paso a dos querellas presentadas en contra de Hermosilla, declaradas admisibles por el 7º Juzgado de Garantía de Santiago.

Desde junio del 2018 José Tralcal Coche, Luis Tralcal Quidel y José Peralino cumplen sentencias por ser declarados culpables de incendio con resultado de muerte en el caso Luchsinger Mackay, cuya principal prueba se basa en una declaración inculpatoria dada por José Peralino Huinca. Quien denunció las torturas que sufrió por parte de los policías para que firmara lo que él calificó como “puras mentiras”. No obstante, el juicio y la condena siguieron adelante, pese a la querella por apremios ilegítimos que Peralino interpuso en contra de los funcionarios de la PDI, la que fue desestimada por el Ministerio Público.

“Todas las pruebas ofrecidas por las defensas que acreditaban la inocencia de los condenados, fueron duramente atacadas por el Ministerio Público, no sólo en estrados, sino también fuera del proceso. Las camareras del motel en que pasó la noche el día de los hechos Luis Tralcal Quidel, fueron detenidas y el local allanado. Se acusó a los defensores de presentar pruebas falsas y fueron objeto de persecución policial”, señala una editorial del Centro de Investigación y Defensa Sur, CIDSUR publicada en octubre del 2018.

Estas son solo algunas de las múltiples irregularidades que organizaciones de derechos humanos han observado en el transcurso de este caso. Para el abogado Sebastián Saavedra, presidente de CIDSUR, “el caso Luchsinger Mackay es un caso clásico de cómo opera la razón de Estado, donde el debido proceso cede frente a las presiones gubernamentales y a los poderes fácticos como son la gente de poder en la región de La Araucanía”.

Cabe recordar que en el Caso Luchsinger Mackay se realizaron tres juicios orales: el primero, en 2014, en contra del Machi Celestino Córdova; el segundo, en 2017, en contra de la Machi Francisca Linconao, Luis Tralcal, José Tralcal y otras ocho personas mapuche; en primera instancia, fueron todos absueltos, pero la sentencia fue anulada por la Corte de Apelaciones de Temuco. Finalmente, en 2018, un tercer juicio oral condenó a Luis Tralcal y José Tralcal a 18 años de cárcel y José Peralino a 5 años de libertad vigilada.

Para el abogado Saavedra, “esta situación es completamente anómala, porque cuando se trata de un comunero mapuche que ha resultado herido o muerto, jamás ha existido este grado de persecución”. Por el contrario, señala que cuando los imputados son personas mapuche, la persecución de los responsables se centra principalmente en los autores materiales, “jamás en personas que hayan planificado o hayan tenido algún otro tipo de participación. Con procesos rápidos y, en su mayoría, penas bajísimas para los autores de los hechos”.

Faltas al debido proceso en el ojo internacional

Si se acreditan los delitos de tráfico de influencias por parte de Luis Hermosilla y quienes resulten responsables, las penas llegan hasta los 5 años, lo mismo para el delito de cohecho. En cuanto a la obstrucción a la justicia las penas podrían llegar hasta los 540 días.

Pero más allá de esto, Saavedra señala que, de obtenerse una sentencia condenatoria, “impactaría en la condena que ya ha sido dictada en el caso Luchsinger Mackay, toda vez que implicaría un reconocimiento expreso a la falta de imparcialidad del tribunal y una falta grave al debido proceso y, evidentemente, buscaríamos la anulación de la sentencia”.

En abril del 2019 los abogados Sebastián Saavedra, Karina Riquelme, Matías Meza y Pablo Ortega, presentaron un requerimiento en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que observe las faltas en el debido proceso. Este fue recepcionado por el organismo internacional, obligando al Estado de Chile a responder, lo que se concretó el 9 de agosto de 2021 encontrándose en etapa de admisibilidad hasta la fecha.

Dicho organismo internacional se encuentra en conocimiento de estos nuevos antecedentes: “Hemos solicitado a la CIDH que una vez que falle y determine la falta del debido proceso en esa investigación, se dicte la correspondiente sentencia absolutoria, que anule la condena del Caso Luchsinger Mackay”, señaló Saavedra.

Para mayor información respecto a estas irregularidades, el Equipo de Extensión y Comunicaciones del Centro de Investigación y Defensa Sur realizó reportajes audiovisuales con testimonios de Luis Tralcal, José Tralcal y Peralino Huinca.