Día 3 de protestas en Temuco. Fotos: Carlos Valverde.

La persecución judicial de la revuelta popular chilena de octubre 2019: cifras, patrones y proyección

En este artículo de investigación la Doctora en Derecho, Myrna Villegas, y el abogado y presidente de CIDSUR, Sebastián Saavedra, analizan las cifras oficiales de la Fiscalía Nacional del 2025 y antecedentes del INDH acerca de las causas judiciales derivadas de las manifestaciones populares de octubre del 2019. El patrón: impunidad estatal ante la violencia institucional.

Te invitamos a leer el artículo de investigación de Myrna Villegas Díaz y Sebastián Saavedra Cea, publicado en la Revista Chilena de Derecho & Ciencia Política. Volumen 17 de la Universidad Católica de Temuco, región de la Araucanía, Chile.

Resumen

El artículo examinó la persecución penal derivada de la revuelta chilena de octubre de 2019, a partir de cifras oficiales de la Fiscalía Nacional en 2025 y antecedentes del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Sobre un universo de 32.901 causas vinculadas al período, 11.506 corresponden a violencia institucional, esto es, el 34,1% del total. Sin embargo, solo en 958 casos se identificó a un presunto responsable y apenas 219 culminaron en sentencia condenatoria, es decir, el 1,9%.

Más del 90% de estas investigaciones se encuentran concluidas, pero solo un 4% tuvo salida judicial, predominando archivos provisionales y decisiones de no perseverar. El contraste con los delitos atribuidos a particulares es significativo, pues en varios delitos las tasas de condena superan el 80% de los casos judicializados. Esta asimetría evidenció un patrón de persecución penal diferenciada, donde el sistema despliega alta eficacia frente a manifestantes y baja intensidad respecto de agentes estatales.

El trabajo identificó varios nudos críticos estructurales que permiten sostener que se ha ido estableciendo una forma de impunidad estructural, reforzada normativamente por modificaciones legales como la Ley 21.560. Se proyectó que un gobierno de extrema derecha podría profundizar estas tendencias mediante la expansión del aparato coercitivo, la erosión de estándares de derechos humanos y la consolidación de un marco jurídico favorable a la excepcionalidad permanente, con riesgos sustantivos para el Estado de derecho.

Fuente: https://derechoycienciapolitica.uct.cl/index.php/RDCP/es/article/view/1816#author-2957

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