Este Miércoles 28 de Noviembre, se presentó en el Juzgado de Garantía de Temuco, dos acciones legales de parte del equipo Jurídico de Cidsur.
Una de ellas tiene relación con la detención sufrida por el abogado Eduardo Painevilo Maldonado, quien con fecha 15 de Noviembre fue detenido sin razón legal alguna, por parte de carabineros de Chile, mientras se encontraba filmando las actuaciones de carabineros en una manifestación por la muerte de Camilo Catrillanca. El centro de investigación y defensa sur, busca resguardar los derechos de todos quienes son afectados en sus libertades, en particular en el derecho a la protesta social, que es fuertemente criminalizada en la zona. Por esta razón, se ha realizado la acción judicial pertinente, que busca investigar las razones del por que el abogado fue detenido, y por que fue privado de libertad incluso después de haberse ordenado su liberación de parte de fiscalía.
La otra acción judicial, pretende buscar responsabilidades respecto de la intervención ilegal realizada en el teléfono de la abogada Karina Riquelme Viveros, quien en el contexto de la operación huracán, reconoció su numero telefónico dentro de aquellos que habrían sido ordenado a intervenir por la ya conocido Unidad de Inteligencia Policial, quienes hoy día se encuentran formalizados e investigados por Asociación Ilícita. Con esta acción se busca conocer los responsables de la solicitud entregada a la Corte de Apelaciones de Temuco y que habría contenido información falseada, imputando la comisión de delitos de parte de nuestra abogada.
El centro de investigación y defensa sur, busca a través de estas acciones que las libertades constitucionales sean resguardadas debidamente, y que el Estado Policial que hoy se vive en las regiones de la Araucanía, Biobío, Los Lagos y Los Ríos, no sea la normalidad sino más bien dejemos claramente establecido, que el manifestarse pacíficamente, el ejercer la profesión y el apoyar técnicamente las demandas del pueblo mapuche que ha sido fuertemente reprimido de parte del estado chileno, no constituyen razones para amedrentar ni aplicar el derecho penal de manera indebida.
La acción judicial es patrocinada por los abogados de CIDSUR Pamela Nahuelcheo Queupucura y Sebastián Saavedra Cea.