Hacia una visión integral de justicia

A quince años de existencia del Centro de Investigación y Defensa Sur, la Unidad de Estudios de esta organización desarrolló una sistematización de las causas en las que han trabajado, identificando más de 170 acciones judiciales en representación de personas mapuche y no mapuche que habitan el sur de Chile. En este texto escrito por las sociólogas Javiera Cáceres y Catalina Díaz -quienes formaron parte de este estudio- se analizan algunas piezas claves para hablar de una defensa sur con perspectiva intercultural e interdisciplinaria desde el territorio ancestral mapuche.

Texto: Catalina Diaz y Javiera Cáceres / Fotografías: Anita Durán Hidalgo

A lo largo de su historia, el Centro de Investigación y Defensa Sur (CIDSUR) con sede en Temuco, se ha consolidado como una organización autónoma y autogestionada, compuesta por un equipo interdisciplinario de profesionales mapuche y no mapuche. Su trabajo se centra en la defensa jurídica especializada frente a los efectos de violencia de Estado, la criminalización, detenciones ilegales y por graves vulneraciones al derecho a la vida y la integridad física y psíquica de las personas. Problemática instalada por décadas en la realidad social del Wallmapu y que afecta directamente a niños, niñas, adolescentes y adultos, producto del incremento de la represión y respuesta militarizada ante las demandas por los derechos indígenas individuales y colectivos. Para denunciar estos hechos, se han emitido reportes a diferentes organismos de Naciones Unidas, y una vez agotada esta instancia, elevado casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.^[1]

El enfoque interdisciplinario del centro es una característica tanto constitutiva como necesaria para garantizar una justicia digna, con perspectiva intercultural y de género. Esta mirada integral de justicia en la promoción y protección de los derechos humanos en Wallmapu es la columna vertebral que sostiene a esta organización, que a la fecha cuenta con un total de 170 causas en representación jurídica especializada. Con el pasar de los años se han diseñado distintas estrategias de litigación; como también la elaboración de pericias psicológicas, sociales y antropológicas realizada por profesionales de amplia trayectoria en estas temáticas; hasta la sistematización de casos, la producción de eventos académicos, investigaciones y seminarios. Además, la creación de contenido periodístico escrito, audiovisual y radial; hasta la orientación y acompañamiento psicosocial en procesos de denuncia.

En este sentido, bajo el principio de una justicia digna, se ha trazado un camino que promueve la participación activa e informada de las personas imputadas, sus comunidades o grupos familiares en las estratégias de defensa. No obstante, como plantean Corvalán, Saavedra & Le Bonniec (2020), quedan importantes desafíos que asumir para brindar una “defensoría del sur” que permita la confianza y entendimiento común en pos de mejorar el sentimiento de justicia por un grupo humano que, aun hoy, sigue siendo objeto de discriminación en la sociedad chilena y sus cortes de justicia.

De este modo, CIDSUR se compone de profesionales de diversas áreas que integran las unidades acordes a sus conocimientos, trayectorias profesionales e intereses. La cual busca fomentar el diálogo de saberes y experiencias entre los y las miembros de la organización que no sólo profundiza la mirada de justicia integral como método de trabajo, sino que también guía su relación con las comunidades y las personas representadas.

Unidad de estudios

El ejercicio de la justicia requiere desarrollar enfoques y metodologías de investigación y defensa en áreas que trascienden el ámbito exclusivamente jurídico. Para ello, la Unidad de Estudios, compuesta por antropólogos, psicólogas, sociólogas, trabajadoras sociales y abogados/as, colabora con los distintos quehaceres del Centro; produciendo insumos para una asesoría jurídica eficaz, desarrollando investigaciones que documentan y sistematizan el trabajo realizado, y ofreciendo análisis de los procesos judiciales y de los contextos de defensa y promoción de derechos en los cuales se involucra la organización.

De esta forma, se busca sensibilizar sobre los derechos humanos a fin de incidir en la política criminal y evitar la utilización del derecho penal como respuesta preferente a los problemas políticos y sociales del territorio. Tal como se plantea en La Judicialización de la Protesta Social: entre Estrategia Represiva y Búsqueda de un Ámbito de Protección, “la justicia aparece desempeñando un rol ambivalente”; pues, si bien los órganos judiciales deben velar por el respeto y garantía de los derechos fundamentales de sus ciudadanos, “la actual judicialización parece ser más eficaz en su faz represiva y altamente ineficaz como instrumento de protección”; siendo utilizada como primera herramienta de opresión por los gobernantes frente a toda protesta que demande transformaciones estructurales -Cidsur, 2020-.

Sistematización de causas

Con el propósito de tener un registro histórico del trabajo ejercido por CIDSUR, se sistematizaron aproximadamente 170 acciones judiciales según tipo de causa -Defensa penal, querella y civil- y ubicación de tribunales.

Los tribunales en donde se concentran las Defensas Penales son Collipulli -21 casos- y  Temuco -20-, seguidas de Lautaro, Victoria, Cañete, Nueva Imperial, Río Bueno y Angol. Estas defensas representan un 38% de las Acciones judiciales tomadas por CIDSUR. La georreferenciación permite visualizar algunos territorios en donde históricamente se han levantado acciones de reivindicación y defensa territorial de comunidades mapuche y movimientos políticos en Wallmapu.

Con el pasar de los años, este centro no sólo ha representado la defensa en materia penal, sino también, acompañando denuncias judiciales en contra de funcionarios o instituciones del Estado. Las querellas suman aproximadamente un 23% del total de causas, destacando nuevamente los tribunales de Temuco y Collipulli. Los delitos más reiterados son apremios ilegítimos, torturas, y delitos de lesa humanidad cometidos en dictadura, tanto hacia personas adultas como infancias y adolescencias mapuche, cometidos por funcionarios públicos en contextos de allanamientos y persecución política.

Aquí, se encuentran causas emblemáticas como el Caso Huracán, en donde se evidenció la falsificación de instrumento público, montaje e implementación de pruebas por altos mandos de carabineros en contra de ocho dirigentes mapuche. Así como la sentencia al Coronel de Carabineros Marco Treuer Heysen por el  homicidio del joven Álex Lemún de 17 años  en 2002. En la actualidad, existen querellas por los casos de traumas oculares (apremios ilegítimos con resultado de lesiones gravísimas) y uso de la fuerza desmedida por parte de funcionarios de Carabineros en contexto del estallido social.

Por último, se encuentran graficadas las demandas civiles de indemnización de perjuicios, estas son principalmente derivadas  de crímenes de lesa humanidad y prisión política en periodo de dictadura, cometidos por agentes del Estado. Estas demandas corresponden a un 41% del total de las Acciones Judiciales tomadas por casi una década. Los juicios se han distribuido en su mayoría en tribunales de Temuco y en menor cantidad en Valdivia, Santiago, Lautaro y Concepción.

Políticas de criminalización y la urgencia una defensa integral de los derechos en Wallmapu

El devenir histórico de Abya Yala (Latinoamérica) durante la segunda mitad del siglo XX y el actual siglo XXI evidencia que, frente a cualquier movimiento sociopolítico con miras a transformar estructuralmente una sociedad, la respuesta del Estado, en conjunto a los intereses económicos, se ha subordinado a lógicas coloniales y neoliberales. Esta dinámica supone una continuidad de doctrinas autoritarias-represivas que niegan el derecho al disenso. Desde esta arista, la perspectiva histórico-materialista evidencia que las doctrinas jurídicas del Estado moderno se concretan en dispositivos represivos (Montenegro, 2026).

En relación con lo anterior, la criminalización se rige como un dispositivo selectivo mediante el cual el sistema penal y la institución carcelaria operan como herramientas estratégicas de castigo, garantizando así la reproducción y consolidación de las estructuras de poder dominantes (Infante, 2025).

Este fenómeno de carácter complejo y multidimensional, articula aspectos políticos, mediáticos y judiciales con el propósito de afianzar el “control social”. Desde esta perspectiva, se redefine la naturaleza del conflicto trasladándose en materia penal, tipificando las reivindicaciones sociales como conductas delictivas. Dicha estrategia punitiva es reforzada por una activa injerencia de los medios de comunicación que divulgan condenas sociales anticipadas, vulnerando el debido proceso, dicha estrategia en su conjunto, busca entre otras cosas, desarticular la acción colectiva de las luchas sociales (Infante, 2025; Dueñas Roque, 2020).

Sujeto a este contexto, el trabajo técnico, jurídico e investigativo de CIDSUR ha documentado cómo el sistema judicial, a través de fiscales que se dedican especialmente a perseguir estas temáticas junto a los querellantes, han asumido un rol protagónico en la conflictividad entre el pueblo mapuche y el Estado chileno, judicializando una problemática de raíz histórica, política y cultural. Esta traslación a los tribunales no sólo agudiza el conflicto, sino que devela las profundas carencias del Estado de trato democrático y responsabilidad de hacer frente a sus propias ratificaciones de los acuerdos internacionales de los derechos de los pueblos indígenas. En su contrario, se ha institucionalizado un racismo sistémico y en especial en las causas de alta complejidad que se caracterizan por la innovación de leyes especiales por los acusadores, que dificultan el ejercicio del derecho a la defensa, tales como extensión del secreto, el uso de testigos protegidos con identidad reservada, el aumento de penas entre otros (Corvalán, Saavedra & Le Bonniec, 2020).

Ante este escenario, de vulneración de los derechos colectivos e individuales más elementales para la autonomía y dignidad de los pueblos, se vuelve imperativo el trabajo que se articula desde la praxis técnico-profesional de abogados/as, peritos del área social, antropológica y psicológica, historiadoras/res, sociólogos/as y periodistas, como desde el protagonismo de quienes sostienen luchas en sus territorios; las comunidades mapuche, las diversas orgánicas políticas populares, los medios de comunicación críticos e independientes, e inclusive aquellos que operan desde el anonimato. Esta acción colectiva en su conjunto construye la defensa integral del sur, tanto fuera como dentro de los tribunales.

La evidencia histórica demuestra que estas estructuras de dominación no son perpetuas, estáticas e impenetrables; por el contrario, las transformaciones sociales son la constante en el devenir de la historia.

Bibliografía

Centro de Investigación y Defensa Sur (2020). La judicialización de la protesta social: entre estrategia represiva y búsqueda de un ámbito de protección.

Corvalán, C., Saavedra, S. & Le Bonniec, F. (2020). La defensa de personas mapuche en causas de alta complejidad.

Dueñas Roque, D. M. (2020). Transversalidad del derecho ambiental y criminalización de las protestas sociales. Revista de https://doi.org/10.47712/rd.2021.v6i2.146

Infante Garzon, Diego. (2025). La judicialización como mecanismo de criminalización de la protesta social.

Pardo Montenegro, L. (2026). La criminalización de la protesta social por el Estado. Del derecho represivo a un nuevo derecho. Desafíos, 38(1), 1–39. https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/desafios/a.15725

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^[1] Información obtenida del Centro de Investigación y Defensa Sur (CIDSUR, 2020): La Judicialización de la Protesta Social: entre Estrategia Represiva y Búsqueda de un Ámbito de Protección.