A dos años del asesinato de Camilo Catrillanca y del homicidio frustrado y torturas contra el adolescente que le acompañaba, el martes 27 de octubre en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Angol se reinició el juicio que busca esclarecer las responsabilidades de siete funcionarios de Carabineros de Chile y un abogado de dicha institución. Es primera vez que un asesinato cometido por la policía contra una persona mapuche es investigado por la justicia civil y no militar.
Texto: Morin Ortiz Herrera
Fotos: Enoc Figueroa Neira
Camilo Catrillanca fue dirigente estudiantil del Liceo Pailahueque, donde 182 estudiantes, en su mayoría mapuche, quedaron sin escuela cuando en marzo de 2016 la escuela se convirtió en una base de Carabineros instalada en la Comunidad Autónoma de Temucuicui. Un ejemplo más de la violencia con que crecen los y las niñas en Ercilla. La tarde del 14 de noviembre de 2018, con 24 años de edad, Camilo fue asesinado por funcionarios del Comando Jungla de Carabineros de Chile cuando iba en un tractor en compañía de M.A.P.C, adolescente mapuche de 15 años.
Como ha sido la tónica en todos los homicidios de personas mapuche cometidos por carabineros, las primeras versiones de la policía hablaron de un enfrentamiento. En este caso, intentaron relacionar a Catrillanca con el robo de tres automóviles de profesoras de la Escuela Santa Rosa de Ancapi Ñancucheo en Ercilla. El gobierno respaldó esta versión y la comunidad de Temucuicui lo negó, afirmando que el Comando Jungla entró a la localidad disparando ráfagas de bala, sin mediar provocación.
Carabineros dijo que no existían registros. Sin embargo, el 19 de noviembre CIPER dio a conocer tres videos registrados por Fuerzas Especiales, que demuestran que nunca hubo enfrentamiento. La autopsia determinó que a Catrillanca le dispararon por la espalda: «La bala que habría ingresado a la cabeza por la nunca de la víctima es de la munición denominada con «encamisado de plomo», que corresponde al armamento utilizado por Carabineros de Chile», registra el informe del Servicio Médico Legal.
A poco de cumplir dos años del asesinato, este martes 27 de octubre se reinició el juicio en el Tribunal Oral Lo Penal de Angol, para esclarecer quiénes son los responsables. Sebastián Saavedra, abogado y presidente del Centro de Investigación y Defensa Sur, está representando al adolescente mapuche de iniciales M.A.P.C que acompañaba a Camilo Catrillanca. Juicio con el que esperan “no sólo acusar al autor material del disparo, sino también enjuiciar y condenar a todos aquellos funcionarios policiales que intentaron encubrir estos hechos para hacer creer a la opinión pública que Carabineros actuó conforme a la ley”.
El abogado además señaló que este caso ejemplifica la situación que existe en La Araucanía, donde funcionarios policiales no solo actúan con una dureza desproporcionada, sino que además intentan falsear la verdad para engañar a todo un país. Como ocurrió anteriormente con el Caso Huracán: “La institución de Carabineros debe ser reformada en base a la Nueva Constitución”, señaló el abogado querellante.
El tribunal decidió implementar para el juicio un protocolo sanitario que consiste en una modalidad mixta en las audiencias: algunas personas asistirán de manera presencial y otras de forma remota. Los querellantes son los abogados de la familia Catrillanca, Cidsur, Ministerio Público, Defensoría de la Niñez, el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio del Interior. Los presuntos victimarios son los funcionarios que componían la patrulla del Comando Jungla que acudió a la Comunidad de Temucuicui: Carlos Alarcón Molina, autor material del homicidio de Camilo Catrillanca; Raúl Ávila Morales, quien disparó en contra del tractor, por lo que se le acusa de homicidio frustrado y tortura, por detener y maltratar físicamente al adolescente que acompañaba a Camilo, y los funcionarios Gonzalo Pérez Vargas, Patricio Sepúlveda Valenzuela y Braulio Valenzuela, quienes fueron parte de la misión.
En cuanto a los altos mandos de Carabineros implicados: Manuel Valdivieso Teherán, jefe del GOPE Araucanía al momento de ocurridos los hechos; Jorge Contreras Figueroa, Coronel Jefe de FF.EE y Cristian Inostroza Quiniñir, abogado institucional de Carabineros. Todos acusados como encubridores del delito de homicidio calificado, pues “conociendo los hechos realizaron una declaración falsa que se acompañó de un parte policial y una serie de documentos oficiales de Carabineros que dan cuenta de esta versión que tuvo por objeto encubrir a Carlos Alarcón y Raúl Ávila, autores de los disparos con fusiles de guerra ante dos mapuche desarmados”, señaló Saavedra.
Cidsur presentó querella para establecer las responsabilidades en calidad de encubridores contra Gonzalo Pérez Vargas, Patricio Sepúlveda Valenzuela y Braulio Valenzuela Aránguiz, quienes tuvieron conocimiento de los hechos, como se ha logrado determinar por parte del Ministerio Público. Lo que evidenció la falsedad de la versión oficial entregada por Andrés Chadwick, Ministro del Interior en noviembre de 2018, quien reforzó ante la prensa que Catrillanca y su acompañante habían cometido robo con intimidación y disparos, acusando legítima defensa por parte de la policía.
Hito judicial y penas
Este es el primer caso en que funcionarios de Carabineros que han asesinado a personas mapuche son investigados de manera íntegra por la justicia civil. Casos anteriores como los de Alex Lemún Saavedra, Jaime Mendoza Collío y Matías Catrileo Quezada, fueron investigados por la Justicia Militar, procesos que a juicio de Saavedra carecieron de imparcialidad y objetividad del Tribunal.
En el caso de los autores materiales, los querellantes esperan que sean penas proporcionales a los hechos: el homicidio calificado comienza en los 15 años; para homicidio frustrado y tortura se espera una sanción superior a los 10 años, y en el caso de los encubridores, las penas solicitadas van desde los 3 a los 10 años.
Estallido social y violencia en Wallmapu
A dos años del asesinato de Catrillanca y a un año de la revuelta social chilena que tiene cerca de 2500 presos políticos y 400 personas lesionadas oculares por fuerzas represivas del Estado, Saavedra señala que es necesario hacer la conexión con lo que se evidencia tras el estallido: “Carabineros de Chile no está dando el ancho, no puede ser una policía militar la que se encargue de resguardar el orden público en las situaciones actuales”, enfatizó Saavedra.
Esto es compartido por Marcelo Catrillanca, padre del joven asesinado y presidente de la Comunidad Ignacio Queipul Millanao: “El estallido social permitió que se encontrara culpable al entonces Ministro del Interior, por lo que tuvo que salir de su cargo. Él quiso matar a mucha gente, hubo mucha gente que perdió la vista”, señaló refiriéndose a la acusación constitucional que removió de su cargo a Andrés Chadwick y lo inhabilitó para cumplir cargos públicos hasta el 2024.
Afectaciones psicológicas al adolescente testigo
Posterior al asesinato de Catrillanca, el adolescente de iniciales M.A.P.C que le acompañaba fue detenido y torturado, por lo que actualmente cuenta con resguardo del INDH y la Defensoría de la Niñez. Durante el juicio comparecerá como testigo con un biombo que impide tener contacto directo con los victimarios, en este caso, los ex policías implicados.
Según Claudia Molina, psicóloga de Cidsur que entrega apoyo profesional a las víctimas, el adolescente presenta alta irritabilidad, desconfianza hacia el personal y hacia las instituciones: “Se ha destruido su proyecto de vida, como consecuencia del asesinato, del hostigamiento y la revictimización posterior, nuevamente por parte de agentes policiales e instituciones estatales”, señaló refiriéndose al proceso judicial.
La defensora de la niñez señala que estos hechos han roto espacios de confianza y de integración psicosocial para este joven, afectando su proyecto de vida y las condiciones adecuadas para un desarrollo integral “tal cual lo reconoce la convención de los derechos del niño y la niña”, señaló Molina.
Padre de Camilo Catrillanca: “Necesitamos el apoyo de mucha gente”
Sobre la militarización en el territorio mapuche, Marcelo Catrillanca señaló que como mapuche siempre han esperado que haya un cambio. “Pero nuestro territorio ha sido usurpado desde la llamada Pacificación de La Araucanía y hoy vemos que las forestales están instaladas, que los particulares que llegaron casi con nada hoy tienen gran cantidad de hectáreas de tierra. Por lo que hemos tenido que seguir levantando la voz y exigiendo que se respeten los derechos como pueblo nación mapuche”.
Marcelo Catrillanca hizo un llamado a la atención mediática: “Si no se difunde esto va a quedar prácticamente en el olvido. Necesitamos el apoyo de mucha gente, para que esta condena sea ejemplificadora para Carabineros de Chile”.
Si bien el funcionario de Carabineros que percutó el disparo fue removido de su cargo, el padre de Catrillanca señaló que además de ser indemnizado, tiene un sueldo de 900 mil pesos mensuales. «Los carabineros, por ser agentes del Estado, tienen muchos beneficios”. Lo que se condice con lo señalado por Saavedra: «Hasta el momento, ninguna de las personas investigadas está en prisión preventiva, están todos libres». El plazo estimado del juicio oscila entre un mes y un mes y medio.